En un giro inesperado, Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido reconocer su culpabilidad en dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021. El abogado de González envió un correo electrónico a la Fiscalía Provincial de Madrid el 2 de febrero, en el que propuso un pacto para pagar la cantidad adeudada, que asciende a 350.951 euros más los intereses de demora, con el objetivo de reducir la posibilidad de enfrentar cargos penales y una sanción mayor.
El correo electrónico, develado por fuentes cercanas al ministerio público y difundido por la Cadena SER, detalla la aceptación de la autoría de los delitos fiscales y la disposición de González Amador a pagar las cantidades defraudadas junto con una sanción penal. Esta decisión ha generado un revuelo significativo, especialmente después de que la propia Isabel Díaz Ayuso defendiera la inocencia de su pareja y denunciara una supuesta conspiración en su contra.
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La secuencia de eventos plantea interrogantes sobre la versión de los hechos proporcionada por el entorno de Ayuso, cuestionando la independencia del ministerio público en sus acciones. A pesar de la negación inicial de Ayuso y sus acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, González Amador ya había admitido los delitos a través de su abogado semanas antes de que la presidenta regional defendiera su inocencia.
Esta revelación plantea nuevas incógnitas sobre el caso y arroja luz sobre la situación legal de González Amador, así como sobre las implicaciones políticas que podría tener para Isabel Díaz Ayuso.