La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de la polémica tras la denuncia de la Fiscalía por presunto fraude fiscal relacionado con su pareja, Alberto González Amador. La investigación revela un esquema de facturas falsas y empresas pantalla que habrían permitido a la pareja defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021, según informa elDiario.es.
La Fiscalía imputa a González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades y uno de falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas para rebajar los beneficios de sus sociedades y evadir impuestos. Las compañías de la pareja, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, están en el centro de la investigación.
El informe de la Agencia Tributaria señala que las empresas presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios, sumando un total de 1,7 millones de euros. Se destaca la utilización de estas prácticas para desgravar gastos inexistentes, reducir beneficios declarados y evadir impuestos durante dos años consecutivos.
La denuncia de la Fiscalía se basa en declaraciones presentadas en 2021 y 2022, evidenciando un aumento exponencial en la facturación de las empresas de la pareja durante la pandemia. Se alega que se declararon gastos inexistentes y se intentó deducir servicios que nunca se prestaron. La investigación se centra en la presunta intencionalidad de defraudar mediante facturas falsas, creando bases imponibles negativas para compensar en ejercicios futuros. El caso ha generado controversia y llamados a la transparencia por parte de diversos sectores.
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Hasta el momento, ni Isabel Díaz Ayuso ni Alberto González Amador han respondido a las preguntas planteadas por los medios. La situación podría tener implicaciones legales y políticas significativas para la presidenta de la Comunidad de Madrid.